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Cambios en Educación. ¿Serviría un examen al finalizar la secundaria? Los dos puntos que cuestionan los expertos


Evangelina Himitian

LA NACION


La ley ómnibus enviada al Congreso por el gobierno de Milei postula una prueba final para acreditar el nivel de desempeño de los alumnos al cerrar el ciclo escolar

El patio del Colegio Nacional Buenos Aires | Santiago Filipuzzi


¿Para qué sirve y para qué no sirve tomar un examen al finalizar el secundario? El megaproyecto de ley que envió el Gobierno de Javier Milei al Congreso traerá grandes cambios en materia de Educación. Uno de ellos –uno de los más relevantes– es que se tomará un examen obligatorio para determinar el nivel al finalizar el secundario y certificar saberes. Aunque, como no está en claro todavía qué implicancias tendría esta medida, la novedad despertó inquietud y dudas entre los especialistas en educación.


Por ejemplo, qué pasaría si alguien reprueba el examen. ¿Se da por finalizado igual el colegio? O, ¿cuál sería el sentido de tomar una prueba de carácter censal, si a la vez es obligatorio? ¿Sería como las pruebas Aprender, pero con la posibilidad de acceder a la nota? ¿Condicionará el ingreso a la universidad?


Será obligatorio, al menos eso dice el texto del proyecto. Pero, ¿qué ocurriría si una provincia decide no aplicarlo? ¿Esto interferiría con la potestad de las jurisdicciones de definir la política educativa?

Por ahora son más las preguntas que las certezas.


Mientras no esté vinculado a la certificación del título secundario ni al ingreso del universitario es una buena medida”, apunta Gustavo Zorzoli, ex rector del Colegio Nacional Buenos Aires. “Sirve para tener una radiografía de cuáles son los conocimientos y las capacidades de nuestros estudiantes. Son conocimientos necesarios para continuar estudiando o para incorporarse al mundo del trabajo. Pero, a diferencia del modelo de examen de Brasil o de Chile, el resultado no condiciona el ingreso a la universidad”, agrega.


Y asegura que, según lo entiende él, no se aprobará o desaprobará el examen. “En cambio, aporta una nota, una valoración. Por ejemplo, en una escala de 1 a 10, cuántos de los conocimientos necesarios al finalizar el secundario tiene incorporados el estudiante. Podría ser 9, o 3, según. Es una herramienta muy útil para definir políticas educativas que representen a la totalidad de los alumnos, ya que las pruebas Aprender no son censales ni obligatorias. El resultado de este examen va a hablar más del sistema educativo que del desempeño del alumno”, apunta Zorzoli.


Respaldos y cuestionamientos

Algunos de los cuestionamientos que se oyen luego de que se conocieron los alcances del proyecto de ley apuntan a si esta evaluación no puede constituirse como una marca negativa en el currículum de un egresado, siendo que es frecuente que haya estudiantes a los que no les va muy bien en la secundaria y en cambio tienen trayectorias destacadas en la universidad, y viceversa. Esto, siendo que la adolescencia no es una edad que se caracterice por tomar buenas decisiones a largo plazo, y que la escuela, además de promover saberes específicos, tiene la función de enseñar y aprender la vida en sociedad.

¿Es justo condicionar el inicio de la trayectoria de la vida adulta a ese resultado? “Esa es una mirada empobrecedora, muy argentina. Muchos países del mundo tienen un examen similar, y es una forma de elevar el nivel. Si un chico de 16 años tiene suficiente edad para votar, ¿cómo no va a estar en condiciones de definir su futuro?”, agrega Zorzoli.


“A mí me parece bien, siempre y cuando no sea obligatoria”, apunta Mariano Narodovski, ex ministro de Educación porteño, que durante su gestión, entre 2007 y 2009 impulsó un proyecto similar a este. La diferencia, describe, es que no era una herramienta obligatoria.

“Nosotros armamos un programa para generar una evaluación final del secundario, no inspirado en el modelo europeo sino en el brasileño. Pero finalmente no se implementó y dio origen a las pruebas FESBA”, dice. Estas pruebas de nivel se toman a todos los estudiantes porteños, al principio era en el último año y después se cambió a tercer año.

“Lo interesante del modelo brasileño es que es voluntario y no tiene intención de analizar el nivel educativo, porque para eso están las pruebas Aprender. Se debería aplicar de forma reservada, de modo que quien lo hizo tenga acceso al resultado y decida si quiere incluirlo o no en su currículum. Es un sistema de certificación de saberes. En Brasil, incluso es pago, pero se otorgan becas a los estudiantes de escuelas públicas. Al hacerlo obligatorio se pierde ese espíritu”, dice.


¿Qué pasa si se desaprueba? “Eso no está claro en el texto. En Brasil se puede rendir hasta cinco años después del secundario y sirve para el acceso a las universidades. Es una herramienta que puede tener muchas aplicaciones a nivel de educación superior”, agrega Narodovski.


Además, sería una forma efectiva de que las autoridades de Educación a nivel nacional. Genera un incentivo positivo para que los estudiantes y las familias le reclamen más calidad educativa a la escuela. Al tomar el examen, las escuelas están obligadas a aportar un programa del examen, donde todos saben qué les va a tomar. Sirve como guía, es una buena estrategia para unificar contenidos”, agrega.


No sirve un programa desarticulado

“La secundaria argentina presenta una enorme cantidad de desafíos que tienen que ver, entre otros, con la desigualdad e inequidad educativa, con el diseño curricular, con la forma como se enseña, con el vínculo con el trabajo y los estudios futuros, con la cantidad de alumnos que no terminan el ciclo obligatorio y, especialmente, con la calidad de los aprendizajes”, apunta Manuel Álvarez Tronge, presidente del proyecto Educar 2050.

“Que el Estado Nacional (no las provincias) tome un examen censal al finalizar estos estudios para medir aprendizajes y capacidades otorgando al alumno el derecho a conocer y a pedir una certificación del resultado es una medida poco clara que apunta al final del origen de los desafíos de la enseñanza media y no ataca el problema integralmente”, asegura.


“Claro que, bien implementada, puede servir para la mejora pero articuladamente con un plan integral educativo, un programa que apunte a las causas y a todo el proceso, en nivel Inicial, en la primaria y por supuesto en la secundaria, y desde una mirada sistémica. Por supuesto que se requiere celeridad, pero hacerlo al revés, con una medida por acá y otra por allá, sin una convergencia de todos los desafíos y miradas puede ser un atajo que complique la solución de fondo y no de forma, que necesitamos”, agrega Álvarez Tronge.

Los anuncios en Educación impactaron en el mundo de las escuelas privadas, justo en el día cuando la mayoría daban por finalizadas sus actividades del año. Desde Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) y la Junta Nacional de Educación Privada, se pronunciaron a favor de los anuncios y anunciaron que acompañan “la orientación general del proyecto de ley enviado por el Ejecutivo, en materia de educación”.


“Este proyecto, de ser aprobado, deberá contar con numerosas reglamentaciones en las que esperamos poder participar con nuestra mirada. De ellas dependerá el grado de impacto en las aulas”, apuntó Martín Zurita, secretario ejecutivo de Aiepba.

“La evaluación, certificación y revalidación de propuestas por el Estado nacional para todos los actores de la educación son realmente necesarias. Como todo lo nuevo, genera cierta inquietud y expectativa, pero confiamos que las escuelas de gestión privada abordarán el eventual cambio con celeridad y dinamismo. Si se les permite poder superase, sin duda sus equipos directivos lo harán. Dependerá también de la demanda de las comunidades educativas, cuando lleguen a conocerse los resultados objetivos”, apunta Zurita.

Y agregó: “Estamos ante el cambio de un paradigma. De la escuela inclusiva y con acentuado perfil social, el proyecto pone el acento en el mérito sin derogar lo anterior. La educación se estará reequilibrando. Si el proyecto se sanciona y promulga las aulas de 2024 serán distintas. Se esperará de todos, familia escuela y docentes, que estén a la altura de los objetivos concretos que la política educativa nacional prevé”, afirma. “Así, cierta flexibilidad que alcanzó muchos aspectos de la vida escolar hasta 2023, podría ser revisada”, agrega.


“Es un modelo existente en otros países. Por un lado tiene el valor de determinar la elección de contenidos y habilidades del estudiante para encarar la etapa universitaria, en algunos casos puede ser un filtro de rumbo o continuidad de determinadas carreras y al mismo tiempo dotar de indicadores al estudiante sobre la necesidad de fortalecimiento para la nueva etapa. También es un dato cuantitativo a nivel global sobre los alumnos que egresan del sistema en su ultimo año de secundario, para determinar, a través de datos objetivos, el estado de situación por zona, colegio o estilo de enseñanza y con esos resultados sostener prácticas positivas o acciones de mejora”, apunta Dario Álvarez Klar, fundador de la Red educativa Itinere, que cuenta con nueve colegios en Argentina y Uruguay.


Por: Evangelina Himitian

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